La historia de
Herberth Villafán Broncano es así de absurda. La mañana del 18 de marzo del
2010 lideró una marcha de protesta junto con miles de mototaxistas en rechazo
al alza desmesurada de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho que elevó de
7 a 90 soles el permiso de circulación de los llamados vehículos menores. El
mismo día, el procurador municipal de ese entonces, Rafael Leonidas Vigo
Cabrera, le interpuso una denuncia penal bajo los cargos de extorsión,
entorpecimiento del funcionamiento del servicio público y obstrucción a la
función de autoridades elegidas. La policía y el juez dijeron que las
acusaciones no tienen sentido, que la marcha no fue violenta. Han pasado cuatro
años y la denuncia lo persigue.
-¿Pero
entonces qué quieren, meterlo preso? -le pregunto.
A
primera vista don Herberth Villafán parece agotado, mueve la cabeza y los
hombros como sorprendido. Dice que no sabe si es esa la intensión que motiva a
la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para insistir con una demanda que,
a pesar de estar mal fundamentada, lo único que busca es distraerlo,
disminuirlo, hacerle perder el tiempo con citaciones policiales que no tienen
sentido y explica: Con esa lógica la CGTP, sus dirigentes y todos sus afiliados
que organizan una marcha al Congreso tendrían que estar denunciados.
Y
razón no le falta.
La
protesta es legal en el Perú. Y más aún cuando Villafán y toda su directiva de
nueve personas tenían licencia para hacer su marcha desde 8 días antes. Es
decir, piden su autorización, ejercen su derecho, pero al municipio no le
interesa y lo demandan una y otra vez.
Parece
una exageración pero es cierto. A todos los directivos de la Federación de
Vehículos Menores de San Juan de Lurigancho los demandaron penalmente el 18 de
marzo del 2010 (Herberth Villafán Broncano, Severino Fernández Chávez, John Agüero Chávez, Víctor
Osorio Toribio, Emilia Gálvez Zamora, Rodolfo Alfaro Orizano, Carlos Morales
Leandro, Ronald Condori Chambi, Luis Vásquez Lozano, Alcides Guzmán Carpio). Se
inician las investigaciones, las citaciones judiciales y policiales, y el
27 de mayo del 2011 la 5ta. Fiscalía Mixta de SJL resuelve que no hay motivo
para formalizar la denuncia.
Leyó
bien.
No
había motivo para la denuncia. Y uno piensa se acabó. No.
El 2 de diciembre de
ese mismo año, el mismo procurador Rafael Leonidas Vigo, interpone un Recurso
de Queja, para dejar sin efecto la resolución anterior y aduce que la
conclusión judicial incurre en vicios que ameritan su nulidad. A pesar de ello,
el 20 de diciembre del 2011, la 5ta. Fiscalía Provincial Mixta de SJL le
concede al municipio el recurso de queja. Pasa el tiempo y el 6 de febrero del
2013 se anula Resolución del 27 de mayo pasado y el proceso se volverá a
iniciar.
Pero
un momento.
Por qué no toman en cuenta que la Policía, a través de un documento firmado por el comandante de la comisaría de Zárate, Kléver Zegarra Silva, y el suboficial Johny Quispe Arce, emitido el mismo día de la marcha, señala que la protesta solo registró pequeños disturbios, sin daños personales ni materiales.
Por qué no toman en cuenta que la Policía, a través de un documento firmado por el comandante de la comisaría de Zárate, Kléver Zegarra Silva, y el suboficial Johny Quispe Arce, emitido el mismo día de la marcha, señala que la protesta solo registró pequeños disturbios, sin daños personales ni materiales.
¿Acaso
ese informe no cuenta?
Herberth
Villafán me muestra la nueva citación policial que le llegó el 26 de diciembre
pasado. Su semblante lo delata. Su salud y la situación que atraviesa no juegan
a su favor. Aun así su voz sigue siendo serena, sin rastros de cólera u odio en
sus palabras. Será porque ya nada le sorprende y seguro de sí acepta que tendrá
que presentarse nuevamente a la Policía el 20 de enero próximo para rendir su
manifestación tras la denuncia del nuevo procurador municipal Jhon Tejada
Tantalean.
El
delito: disturbios en agravio del Estado.
Pero
resulta sospechoso que cuando la municipalidad denunció a Villafán en el 2010,
delegó a 4 abogados para que representen al concejo y sigan el caso, y cuando
presentaron el Recurso de Queja -luego que se declaraba sin lugar la demanda-
encargó a 8 personas para lo mismo.
Es
decir para una denuncia sin fundamento la municipalidad de San Juan de
Lurigancho invierte dinero de los vecinos en contratar abogados que lo único
que harán es tentar nuevamente un absurdo jurídico contra un dirigente social
que, ante la falta de comunicación con su autoridad decide salir a las calles y
alzar su voz de protesta.
Qué
pasaría entonces si un grupo de vecinos de SJL, decide salir a las calles y
protestar contra el alcalde Carlos Burgos, primero porque no tiene estudios
secundarios y le mintió al Jurado Nacional de Elecciones y al distrito.
Segundo, porque sin estudios secundarios se paseó por la universidad y salió
como abogado, sorprendiendo no sólo al distrito sino a todo el sistema
educativo del país que se volvió mudo de la noche a la mañana en ese caso.
Tercero porque el alcalde Burgos está actualmente denunciado por cargos más
serios como el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos.
¿Decir
esto merece una denuncia penal bajo el cargo de disturbios en agravio del
Estado?
Pues
sí.
Absurdo
pero cierto, y Herberth Villafán lo sabe. Sus amigos dicen que él es fuerte y
valiente; un gran tipo. Toda su vida fue dirigente de distintas organizaciones,
desde que era universitario en La Cantuta donde fue miembro del Concejo de Facultades.
Su presencia en San Juan de Lurigancho se inició organizando las bases de
Izquierda Unida en el distrito. Hizo amistad
con el abogado Pedro Zazzali con quien participó y ganó en las elecciones
municipales de 1990. Así Villafán se convierte en regidor y luego en secretario
de Desarrollo Urbano y Saneamiento de
Asentamientos Humanos.
Desde
ese lugar Herberth Villafán ayudó a reconocer
más de un centenar de pueblos, percibió la necesidad de sus pobladores en una
etapa de pobreza generalizada tras el paquetazo de Fujimori. Recuerda además que
durante esa época –cuando la dieta de un regidor era 12 soles- por culpa del
terrorismo el Ejército hacía batidas en distintas zonas humildes y que los
familiares de los detenidos venían a la municipalidad a pedirle apoyo creyendo
que desde el concejo se podía hacer algo.
Allí también Villafán se volvió un
crítico del gobierno, pero eso ya es otra historia.
Lo
cierto es que a partir del 20 de enero Herberth Villafán iniciará una nueva
etapa en un juicio absurdo que mantiene la municipalidad de San Juan de
Lurigancho y que, aun estando en su derecho, sabe que no ganará.
Es necesario contar que la primera Resolución que aconseja no formular la denuncia contra el dirigente de los mototaxistas, también explica claramente que la Quinta Fiscalía nunca pudo recepcionar la manifestación policial del denunciante –el procurador Vigo- para que se ratifique personalmente en su denuncia a pesar de haber sido notificado en varias oportunidades.
Por qué será.
Es necesario contar que la primera Resolución que aconseja no formular la denuncia contra el dirigente de los mototaxistas, también explica claramente que la Quinta Fiscalía nunca pudo recepcionar la manifestación policial del denunciante –el procurador Vigo- para que se ratifique personalmente en su denuncia a pesar de haber sido notificado en varias oportunidades.
Por qué será.
Cada
quien saca sus conclusiones.
LC
¿Entorpecimiento del funcionamiento del servicio público?¿Obstrucción a la función de autoridades elegidas? Con respecto a las dos gestiones ("digestiones" porque se ha tragado a la municipalidad) de Carlos Burgos, yo diría que de lo que se trata es del torpe funcionamiento del servicio público en SJL y de la auto obstrucción de la función de las autoridades elegidas, como es evidente en la "vista gorda" del alcalde en Jicamarca. Lo de la denuncia a Herberht Villafán es una infamia más del delincuente Burgos.
ResponderEliminar