La
Crónica. En los primeros dos meses del 2014, el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) decidirá el destino de siete controvertidos alcaldes con
procesos de vacancia por acusaciones de uso irregular de recursos públicos y
nepotismo, que podrían acabar con sus carreras políticas en el último año de su
gobierno.
Los
alcaldes Carlos Burgos (San Juan de Lurigancho), Roberto Gómez Baca
(Surco), Adolfo Ocampo (San Juan de Miraflores), Jorge Luis Barthelmess (San
Bartolo), Enrique Peramás (Rímac) y Rafael Álvarez (Carabayllo) podrían sumarse
a otras 52 autoridades municipales destituidas en lo que va del período de
gestión 2011-2014.
A
ellos se suma el alcalde de Trujillo, César Acuña. Los concejos municipales de
estas autoridades votaron en contra de sus vacancias, pero los promotores
insistieron y presentaron recursos de apelación ante el JNE.
Solo
en el 2013, el JNE, presidido por Francisco Távara, destituyó a 24 alcaldes
provinciales y distritales del país y archivó 90 pedidos de vacancia que
llegaron a sus manos por apelaciones o recursos extraordinarios.
El
alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, podría ser separado por
el cobro irregular de bonificaciones extraordinarias en el municipio entre el
2011 y el 2012.
Las
vacancias contra los alcaldes de Surco y San Bartolo, Roberto Gómez Baca y
Jorge Barthelmess, respectivamente, involucran denuncias por nepotismo y supuestos
favores a socios de sus parientes pagados con dinero público.
Gómez
Baca es acusado de permitir la contratación de su tío, Nicanor Nunura, como
supervisor del área de limpieza de la municipalidad. Mientras que al alcalde
Barthelmess se le atribuye haber designado un funcionario y un asesor en el
municipio de San Bartolo ligados a los negocios de su familia.
Los
alcaldes Adolfo Ocampo, de San Juan de Miraflores, y Rafael Álvarez, de
Carabayllo, enfrentan pedidos de destitución por favorecer a empresas privadas
a costa de los recursos de sus comunas. Enrique Peramás, alcalde del Rímac,
podría ser destituido por no consignar en su declaración jurada presentada al
JNE una sentencia condenatoria de dos años de prisión suspendida por peculado y
malversación de fondos en el 2002.
Mientras
que el alcalde de Trujillo, César Acuña, enfrenta la vacancia por el uso de
S/.8’438.220 del municipio para financiar propaganda de su partido político. Su
caso sentará un precedente sobre los fines de la publicidad de las obras de las
autoridades.
Con la propuesta del nuevo Código Procesal Electoral presentada al Parlamento,
el JNE planteó que se amplíen las causales de vacancia de los presidentes
regionales para incluir el nepotismo y las restricciones de contratación.
LCSJL/El
Comercio
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